Legal. Jurídica impulsa 30 juicios penales por daño calificado
La Universidad Pública de El Alto (UPEA) conformará, después de tres años, el Tribunal de Procesos Universitarios (TPU), que se encargará de investigar las denuncias de corrupción y los atentados contra la autonomía.
La decisión de reponer ese tribunal fue coordinada entre el ejecutivo universitario y los integrantes del Honorable Consejo Universitario (HCU), según informaron a La Razón el secretario ejecutivo de la Federación de Docentes Universitarios, Felipe Paucara, y el secretario general de la institución educativa, Ángel Alarcón. La resolución que autorizará la conformación de esta entidad aún no fue emitida, pero el tema está consignado en la agenda del HCU.
Esta determinación es tomada tras el enfrentamiento, entre julio y agosto, de dos bandos encabezados por Rime Choquehuanca y por Edilberto Tarqui, quienes pugnaron por la titularidad del rectorado. Finalmente, la brega se resolvió en favor de Tarqui, quien obtuvo el reconocimiento del Gobierno y el descongelamiento de las cuentas fiscales de la universidad.
Como resultado de este enfrentamiento, la Dirección de Asesoría Jurídica de la UPEA, según su titular Édgar Rosso López, lleva adelante procesos penales en contra de más de 30 personas que atacaron de manera violenta a estudiantes y docentes. También debían realizarse procesos internos, pero éstos no se ejecutan debido a la falta de un tribunal, que está en puertas de ser conformado.
El lunes, La Razón informó que la historia de esta casa de estudios superiores está plagada de irregularidades y denuncias de corrupción. Un dato sintomático es que en 13 años de vida institucional tuvo 13 rectores, la mayoría de los cuales fue denunciado por actos de corrupción.
Estos temas también serán investigados o reactivados por el tribunal que será conformado en el HCU. Actualmente esta instancia no cuenta con una unidad operativa que facilite su labor fiscalizadora. “El HCU no tiene ese brazo que le apoye en la investigación, para que se hagan los sumarios de las denuncias”, admitió Paucara.
De acuerdo con los planes de conformación del tribunal, cada año el HCU deberá elegir a sus miembros, los que en coordinación con las áreas jurídicas, auditoría interna y otras instancias investigarán las denuncias de irregularidades.
“Las 32 carreras deberían pedir que se conforme este tribunal para investigar las irregularidades, pero lo que llevan usualmente al HCU son problemas simples, menores, que se pueden solucionar de manera interna, en el marco de sus direcciones”.
“Desde hace mucho tiempo se ha propuesto crear una unidad de transparencia, anticorrupción y ética. Ésta será la oportunidad ya que las anteriores autoridades han intentado cubrir sus espaldas”, añadió Alarcón, quien además detalló que para que esta unidad sea transparente se contará con la ayuda de abogados externos, a través de una consultoría, a fin de lograr resultados imparciales.
“Es la única instancia que podrá sancionar, una vez que se tengan los folders de denuncias sobre casos de corrupción, esencialmente. Se pretende que en dos semanas de investigación se logren resultados”.
Respecto a los procesos penales que impulsa la Dirección de Asesoría Jurídica, “se han identificado los hechos cometidos del 2 al 25 de agosto no como faltas internas, sino como delitos penales”, dijo Rosso.
Explicó, por ejemplo, que por el ataque que sufrió el HCU el 2 de agosto, por parte de un grupo de estudiantes, se iniciaron procesos penales por daño calificado por los destrozos ocasionados a una propiedad del Estado. Demandas de este tipo se plantearán, además, por los hechos del 15, 20 y 25.
Esperan etapa final del proceso
Acusación
El director de Asesoría Jurídica de la UPEA, Édgar Rosso, anunció que se espera la audiencia conclusiva en contra de Gualberto Tinini, exdirector administrativo financiero, acusado de extorsionar a una empresa pro-veedora a fin de adjudicarle una obra.
Miguel Rivas
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