El Gobierno y la Universidad Pública de El Alto (UPEA) no llegaron ayer a un acuerdo sobre el presupuesto y declararon cuarto intermedio hasta el lunes. El ministro de Economía, Luis Arce, anunció que solicitará a la Contraloría del Estado fiscalizar el manejo de los recursos de las universidades, entre ellas de la UPEA.
Tras una semana de conflictos, el Ejecutivo propuso a la UPEA una asignación extraordinaria de 70 millones de bolivianos, con lo que pasaría a ser parte de la coparticipación tributaria. Con ello, recibiría en 2012 un total de 144 millones de bolivianos, y no se afectaría los ingresos de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
La UPEA plantea incrementar los 70 a 100 millones de bolivianos, propuesta que Arce aseguró es imposible de atender porque pondría en riesgo “nuestros programas sociales, nuestras inversiones, los nuevos ítems para salud y en fin, una serie de elementos que están contemplados en el Presupuesto General del Estado”.
Recordó que la universidad alteña tiene en caja y banco 80 millones de bolivianos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), porque “hasta la fecha no ha acreditado un solo alumno” para hacerse de esos recursos que “podría utilizar para resolver problemas de infraestructura (...) fundamento para pedir una coparticipación tributaria".
En ese sentido, anunció que solicitará a la Contraloría del Estado hacer un seguimiento al uso de los dineros asignados a las universidades. “Son muchos recursos que se dan a las universidades. Yo voy a pedir al Contralor que ponga cartas en el asunto para que fiscalice toda esta parte de recursos que hemos ido transfiriendo", manifestó, según la agencia ABI.
Autonomía. El rector de la UPEA, Dámaso Quispe, tildó de ilegal cualquier fiscalización a la casa de estudios superiores que dirige, porque vulneraría la autonomía universitaria.
“De manera personal y como autoridad estoy de acuerdo en que se transparente cualquier gestión, pero la autonomía es nuestro principio y por lo tanto debemos defenderla. Permitir que se la vulnere ante cualquier intento implícito, sería ir contra una lucha universitaria de años”.
Arce explicó que la falta de acuerdos impide avanzar en la aprobación de la Ley Financial.
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